En respuesta a la creciente necesidad de proteger a personas que huyen de conflictos y persecuciones, el Parlamento ha aprobado una nueva Ley de Refugio que promete transformar el sistema de acogida. La legislación amplía el acceso a servicios esenciales como salud, educación y asistencia legal, y establece protocolos claros para el procesamiento de solicitudes de asilo. Durante las sesiones parlamentarias, testimonios de expertos en derechos humanos y representantes de organizaciones internacionales destacaron la importancia de garantizar un trato digno a quienes buscan protección.

La ley incorpora mecanismos de monitoreo y evaluación basados en estándares internacionales, que permitirán supervisar la implementación de los nuevos procedimientos. Entre sus innovaciones se encuentran la digitalización de formularios y la agilización de las respuestas a las solicitudes, reduciendo la burocracia y los tiempos de espera para las personas refugiadas. Las autoridades esperan que esta medida no solo mejore la calidad de vida de quienes están bajo protección, sino que también facilite su integración efectiva en la sociedad.

Expertos subrayan que este avance legislativo podría sentar un precedente en la región, incentivando a otros países a revisar y modernizar sus sistemas de protección. No obstante, enfatizan la necesidad de formación continua y la implementación de auditorías periódicas para asegurar que los beneficios se apliquen de manera equitativa y transparente a lo largo del tiempo.